Mauricio Macri intenta salvar a la obra pública del escándalo de “los cuadernos de la corrupción”

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Mauricio Macri teme al impacto económico de la llamada “causa de los cuadernos de la corrupción”. Los bancos han paralizado los créditos a una decena de empresas constructoras con contratos de obra pública, a la espera de los resultados de la investigación judicial por presuntos pagos de sobornos a exfuncionarios del kirchnerismo. Para suplir el dinero bancario, el Gobierno lanzó hoy un fideicomiso que financiará las obras ya otorgadas y que hoy corren peligro de suspensión. La idea es que los bancos aporten de todas formas los dólares prometidos, pero a ese fondo administrado por el Estado que se encargará de repartirlo entre las empresas. Se neutraliza así el “riesgo reputacional” del escándalo.

No es fácil de explicar para un banco privado que otorgue un crédito millonario a una empresa investigada por corrupción ante la Justicia. Al menos once compañías investigadas participan de los 10 consorcios que en julio ganaron los primeros contratos bajo el mecanismo de participación público-privada (PPP). Macri presentó los contrastos PPP como la solución a los problemas para financiar con dinero público las obras de infraestructura, una apuesta del Presidente para generar empleo e impulsar el crecimiento. El modelo es dependiente del financiamiento privado y los ofertantes de la primera licitación, realizada en julio, se presentaron con los créditos ya preaprobados.

Pero el escenario cambió dramáticamente para muchos de ellos cuando el chófer Oscar Centeno los nombró en los apuntes que tomó durante 10 años en ocho cuadernos escolares. Centeno describió en detalle los viajes que hizo con bolsos cargados de dinero sucio, pagado por empresas constructoras a cargo de la obra pública. Una docena de empresarios confesaron sus pecados ante el juez Claudio Bonadio a cambio de beneficios judiciales. Sus delitos del pasado pueden ahora arruinar sus proyectos futuros.

El Gobierno se encuentra ante una encrucijada. Por un lado, necesita que la obra pública no se detenga. Por el otro, debe dar muestras de que está dispuesto a avanzar hasta el hueso ante la corrupción. “Todo este proceso de los cuadernos genera todavía más razones para que se profundice la recesión económica”, admitió Macri la semana pasada, atento a los magros datos de la macroeconomía.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich (izquierda), presenta el plan de fideicomiso para financiar obra pública.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich (izquierda), presenta el plan de fideicomiso para financiar obra pública. MINISTERIO DE TRASNPORTE

El PIB argentino cayó 6.7% interanual en junio y 0,6% en el acumulado el año, el peso argentino perdió más del 65% de su valor desde enero y la inflación prevista para este año estará por encima del 30%, según los cálculos más optimistas. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo hoy que la economía se achicará un 1% en 2018, frente a las previsiones de 3,5% de subida del PIB que vaticinó el Gobierno hace sólo ocho meses. Si se paralizan las inversiones en obra pública, esas cifras pueden ser aún peores.

Para este año están en peligro 1.200 millones de dólares para el primer tramo de seis corredores viales, 7.200 kilómetros de carreteras que demandarán 6.000 millones de dólares en cuatro años. Para salvar los contratos nació el fideicomiso, que actuará de intermediario entre el sector financiero y las empresas. La idea es que las entidades depositen el dinero en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), de propiedad pública, y que sea éste el que libere los fondos a las empresas.

“Acá no se asumen más riesgos [por parte del Estado], ya que la plata del fideicomiso se prestará a medida que avance las obras, la contracara será una obra”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, durante la presentación del nuevo modelo de financiamiento. “Se trata de una herramienta financiera para darle fluidez a este proceso en medio de la incertidumbre. Las empresas tienen que comenzar las obras y el Estado facilita este instrumento”, explicó. Los PPP otorgados en julio deberán arrancar entre finales de octubre y principios de noviembre.

Para la Casa Rosada, las empresas sospechadas merecen el beneficio de la inocencia presunta hasta tanto no terminen las investigaciones, y por eso no suspenderá los contratos en ejecución. Dietrich aclaró, además, que “el Gobierno tiene la profunda convicción de la necesidad de separar a las empresas de las personas que hicieron actos contrarios a la ley”, todos altos ejecutivos de esas mismas compañías.

La investigación derivada de los cuadernos de la corrupción está recién en sus inicios. El juez Bonadio cuenta hasta ahora con el testimonio de una decena de empresarios que confesaron el pago de sobornos y dos exfuncionarios que reconocieron el cobro. Todos declararon como arrepentidos, mientras Bonadio avanza sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que considera la jefa de una asociación ilícita para enriquecerse con el dinero del Estado.

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