El juez federal Sebastián Casanello hizo lugar al pedido del fiscal Federico Delgado para determinar si las diferencias detectadas en las declaraciones juradas presentadas entre 2013 y 2015 por el presidente Mauricio Macri fueron originadas por problemas burocráticos y si se enmarcan en la figura de “omisión maliciosa”, por la que es investigado tras las relevaciones de los llamados Panamá Papers.
En 2013, Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, según argumentó su defensa, las declaraciones juradas tenían distintos formularios a los que se usan a nivel nacional y que están supervisados por la Oficina Anticorrupción (OA).
Según la denuncia que originó la causa penal hecha por el diputado del Frente para la Victoria Norman Martínez, habría contradicciones en las declaraciones juradas en relación a las firmas off shore, radicadas en Panamá y Bahamas, en las que Macri habría figurado como directivo.
El análisis se encargó de manera conjunta a la OA y a la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del gobierno porteño. Casanello les dio un plazo de 10 días para elaborar un “informe conjunto” y detallar las diferencias entre ambos formularios.
En la causa se investigan las sociedades vinculadas a dos firmas off shore, Fleg Trading LTD y Kagemusha SA. El juez ya libró exhortos a Bahamas y Panamá para que informen “a la brevedad” si el Presidente figura o figuró como accionista de ambas firmas.
Según el denunciante, las sociedades no figuran en las declaraciones juradas de Macri previas al escándalo conocido como Panamá Papers.
